Los actos normativos emitidos desde 2019 que flexibilizan la tenencia y compra de armas de fuego en Brasil pueden estar modificando el mercado ilícito. ¿Los delincuentes comercian con el tráfico internacional a cambio de registros falsos de CAC (cazadores, tiradores y coleccionistas) y compran armas de forma legal?
Todavía es demasiado pronto para señalar la dinámica que puede provocar la nueva legislación, pero se pueden observar algunas tendencias en los últimos años con información de la Policía Federal (PF).
Las incautaciones realizadas en los estados de Paraná y Mato Grosso do Sul, que en conjunto comparten 1.360 km de frontera con Paraguay, podrían ser un termómetro de lo que podría cambiar.
Los datos proporcionados por la PF a través de la Ley de Acceso a la Información muestran que hubo un pico de incautaciones en 2017 y una caída continua hasta 2021, cuando las incautaciones aumentaron significativamente.
Ambos estados registraron menos incautaciones relativas de armas en general que en los tres años anteriores (Gráfico 1), a pesar de un aumento en el número de incautaciones en todo el país. El Estado de Amazonas se perfila como una frontera muy explotada por los traficantes debido al creciente número de aprehensiones.
En el Gráfico 2, con datos que solo van hasta abril de 2021, solo las incautaciones tipificadas por el art. 18 del Estatuto de Desarme, que trata sobre el tráfico internacional. Los arrestos de tráfico también han disminuido desde 2017, siguiendo el patrón general.
Pero en 2020, cuando la frontera estuvo cerrada por varios meses a causa de la pandemia, los dos estados concentraron por sí solos el 58% del total de todas las armas incautadas por tráfico internacional en el país. Las incautaciones de drogas en la región también crecieron durante el mismo período.
Los datos, por lo tanto, sugieren que la pandemia puede haber presentado una oportunidad para el comercio transfronterizo ilegal, que había estado cayendo incluso antes de las leyes de flexibilización regulatoria.
